¿MI
ORDENADOR VULNERA LOS DERECHOS HUMANOS?
El
coste social y ambiental de la alta tecnología
Los
derechos humanos han hecho un largo camino, avanzando poco a poco a lo largo de
los años. Estos avances no han sido iguales en todos los países del mundo, y hay
grandes diferencias entre estados. Así pues, aunque en un país se puedan
respetar estos derechos, la globalización1 ha creado situaciones en las que la aplicación
efectiva de los derechos humanos más allá de las propias fronteras escapa al
control de los estados y sus sociedades civiles.
Los
productos de alta tecnología (en adelante AT) son un claro ejemplo de globalización,
y también de los problemas que puede comportar. Dentro del ciclo de vida de
estos productos, nos podemos encontrar que la materia prima se extrae en países
como la República Democrática del Congo, se manufactura en países como México y
Filipinas, los principales consumidores son los países de la OCDE, y una parte
muy considerable acaba como desechos en países como Ghana, China y la India. En
cada una de las etapas del ciclo de vida nos podemos encontrar violaciones de
los derechos humanos: atentados contra la dignidad, la igualdad, el
conocimiento, la convivencia, la libertad o la vida acompañan el ciclo de vida
de los productos de AT como una sombra oculta a los ojos de los usuarios de
estos productos.
¿Qué
se hace con el e-waste?
Afortunadamente,
en nuestro entorno es cada vez más habitual que las personas dejen de tirar los
productos electrónicos a la basura. No hace tanto, era habitual encontrar en el
contenedor televisores, teléfonos móviles o computadores.
Estos
productos, en caso de acabar en un vertedero pueden filtrar elementos como plomo,
mercurio, arsénico, cadmio o berilio en el suelo, contaminando el medio ambiente
y atentando contra derechos básicos del ser humano3.
Conscientes
del problema del e-waste, los gobiernos han tenido iniciativas para tratar los
residuos, que van desde la recogida selectiva voluntaria hasta la prohibición de
tirar ciertos productos a la basura “normal” considerándolos de alto riesgo.
Aquí
es donde surge uno de los principales problemas del e-waste: muchos países
ricos se limitan a exportar sus residuos a países pobres. El problema es suficientemente
grave para que en 1989 se firmara el Convenio de Basilea7, para regular el
movimiento transnacional de residuos peligrosos, y que en 1994 se adoptara la
prohibición de la exportación de todo tipo de residuos peligrosos de países de
la OCDE a países de fuera de la OCDE por cualquier razón, incluyendo para reciclaje.
De los 30 países de la OCDE, sólo los Estados Unidos no han ratificado el Convenio,
aunque países como Canadá, Australia, Corea del Sur y Japón, a pesar de ser
miembros del Convenio no están de acuerdo con esta prohibición y a menudo han
apoyado a los Estados Unidos en sus protestas por la prohibición.
¿Por
qué hay tanto e-waste ?
Una
parte es por culpa de la obsolescencia programada. Hemos hablado antes de la
ley de Moore, que indica que la complejidad de los productos de AT se duplica
cada dos años, aproximadamente. El problema es que esta ley ha dejado de ser
una observación para convertirse en un objetivo para muchos fabricantes.
Para
mantener esta carrera de ofrecer más memoria, discos más grandes, móviles con
más posibilidades, los fabricantes invierten cada vez más dinero en I + D, y el
proceso de fabricación es cada vez más caro. ¿Cómo se pueden mantener tanto los
precios, si cada vez es más caro ofrecer algo nuevo? La respuesta es la venta
masiva de productos y el abaratamiento de los costes de producción. Una vez
desarrollado producto y creada la línea de producción, cuantos más productos se
vendan y más baratos sea hacerlos, más beneficios se sacarán. Por tanto, es
necesario que los usuarios compren los nuevos productos.
¿Tan
malas son las nuevas tecnologías?
No,
en absoluto. Las nuevas tecnologías son un motor de desarrollo, y el desarrollo
de una sociedad es uno de los motivos que hace esta sociedad más sensible a los
derechos humanos. Para hacernos una idea del impacto de los productos de AT, diremos
que el sector de las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) suponen
el 5.8% del PIB mundial y se espera que crezca hasta el 8.7% el 202012. El uso
de computadores, Internet o los teléfonos móviles son un factor importante para
el desarrollo: por ejemplo, en Kerala (India) la introducción de móviles ha
contribuido al incremento del 8% en el beneficio de los pescadores, y una
bajada del 4% en el precio de los consumidores.
¿Qué
podemos hacer?
Ante
todo, ser conscientes de los impactos ambientales y sociales que conlleva un
consumo desmedido, descontrolado e irresponsable de la alta tecnología por parte
de todos. Los ciudadanos tenemos derecho a la información. Con la Ley 27/200616
se incorporó a la legislación española el Convenio de Aarhus17, que obliga a
los Estados firmantes a garantizar la participación pública en la toma de
decisiones que afecten al medio ambiente, al tiempo que asegura a los ciudadanos
los derechos de acceso a la información medioambiental y a la justicia en
materia de medio ambiente. Esta ley es un paso considerable para la protección
democrática del medio ambiente, pero sólo es de aplicación en países de Europa
donde el impacto ambiental y social del consumo del material informático es
menor, además de que no responsabiliza directamente a los fabricantes de
informar sobre la peligrosidad o inocuidad de sus productos.
Por
último, pero muy importante, podemos alargar la vida de los productos de AT.
Pensemos si realmente necesitamos cambiar tan a menudo de móvil, de agenda, de
ordenador. Intentar reparar los productos antes de comprar otros nuevos, y una
vez decidimos que queremos cambiar, antes de enviarlos a reciclar, pensar si se puede alargar su vida dándolos a
organizaciones que alargan su vida útil Como conclusión, queremos insistir en
que los productos de alta tecnología pueden ofrecer muchas ventajas, y ser la
solución a muchos problemas, pero su ciclo de vida no es, por ahora,
sostenible. Para serlo deberíamos ser conscientes de las implicaciones sociales
y medioambientales que tiene tanto hacerlos como deshacerse de ellos. Está en
nuestras manos exigir a los gobernantes, los fabricantes y a nosotros mismos un
uso racional y adecuado de la alta tecnología, para evitar que productos aparentemente
inocentes puedan atentar contra los derechos más básicos de los seres humanos.
CARLOS
ALBERTO GÓMEZ MACHUCA.
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